El pasado 9 de mayo, en una reunión celebrada en Coomultrasan, líderes y organizaciones de Santander dejaron claro que la economía popular no es una moda del Gobierno, sino una realidad viva que lucha por ser reconocida y respetada. Las voces reunidas no pidieron favores: exigieron lo que les pertenece por derecho.
Francisco Herrera, veterano de las luchas cooperativas y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, no se guardó nada: denunció el clientelismo, la exclusión y la desconexión entre los discursos oficiales y las necesidades reales de la gente. “No podemos seguir pidiendo limosna ni aceptando decisiones impuestas desde Bogotá”, sentenció.
Desde la Unidad Solidaria, Ana Carolina Gil respondió con apertura: explicó que la Segunda Asamblea Nacional, prevista para septiembre en San Gil, debe consolidar el Plan Decenal de Economía Popular como hoja de ruta pública. Pero también reconoció que el proceso debe corregir sus fallas: falta de participación, metodologías centralistas, y ausencia de resultados concretos.
Los asistentes exigieron construir poder popular real. No quieren ser espectadores de un proceso que los menciona pero no los incluye. Piden mesas de economía popular en cada municipio, sin padrinos políticos. Piden medios alternativos con poder real de incidencia. Piden organización desde las bases, no desde las oficinas.
Hay cansancio, pero también esperanza. “Somos el 98% del país productivo”, dijeron. Y ahora reclaman ser parte activa del rumbo económico de Colombia. La pregunta que queda flotando es incómoda pero urgente: ¿el Estado está listo para escuchar de verdad a su pueblo?
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